Las obras serán pagadas por el Estado. Las empresas se limitarán a abonar los salarios de sus empleados.
Con el mismo secretismo que utilizó para ocultar el aumento de tarifas en los accesos y en los corredores nacionales, el Gobierno procedió a renegociar los contratos de los concesionarios viales que explotan las rutas más transitadas del país.

Por medio de siete resoluciones (3058 a 3064), Vialidad Nacional aprobó el 27 de diciembre pasado las readecuaciones contractuales que estaban pendientes desde mediados de 2012.

Los nuevos contratos contienen un cambio sustancial en las reglas de juego fijadas a principios de 2010. Para limitar los aumentos tarifarios que estaban previstos para los próximos años, la administración kirchnerista decidió que tanto las obras nuevas, como todas las tareas de mantenimiento que tenían a cargo las empresas serán ahora pagadas por el Gobierno .

Con el nuevo esquema, los ingresos provenientes de los peajes serán usados por los concesionarios para pagar los sueldos.

Y los recursos para las obras mejorativas y los trabajos de rutina saldrán de la caja del Estado.

Entre otras tareas elementales de conservación y mantenimiento que pagará el Estado se encuentran: los bacheos y sellados de fisuras; la limpieza de carteles, barandas defensivas y desagües; los barridos de calzadas, banquinas y cordones y la poda de árboles y malezas cercanas a las rutas.

Desde abril de 2010, las principales rutas con peajes están en manos de las grandes constructoras–como Roggio, Iecsa y Cartellone–y de compañías que hasta fines de 2011 tuvieron buena llegada a la Casa Rosada, como Esuco, América (Eurnekian), Electroingenieía, Isolux, CPC de Cristóbal López y Petersen del grupo Eskenazi.

A la renegociación de las concesiones se llegó por el doble incumplimiento que acumuló el Gobierno en los pagos de las obras nuevas que estaban a su cargo y en la falta de aplicación de los ajustes anuales de peajes que debía efectuar según los contratos de 2010.

Fuente: Clarín, 02/01