Editorial

Desprotección en la Emergencia

Los últimos años de nuestra crónica nacional son pródigos tanto en catástrofes debidas al desborde de fuerzas naturales (temporales de nieve, aludes, lluvia de cenizas, sequías e inundaciones) como en desastres cuya génesis lleva el sello indiscutible de la inconducta humana (incendios intencionales de campos y pastizales, Cromagnon, choque del tren en Once, nube tóxica, etc.), acontecimientos todos ellos extremos cuyo conjunto arrebató vidas, bienes y símbolos que ni individual ni colectivamente podremos ya recuperar.
Y es en el historial del sistema que el Estado Nacional creó en 1999, inspirándose en la FEMA estadounidense (Federal Emergency Management Agency) donde pueden rastrearse las causas y razones de la indefensión ciudadana frente al violento accionar de tales fenómenos. Porque el SIFEM (Sistema Federal de Emergencias) elaborado a raíz de los vastos anegamientos que el país sufrió en 1998, viene arrastrando 14 años sin implementación, no obstante lo cual fue mudado varias veces de órbita, en una travesía que incluyó la Jefatura de Gabinete de Ministros, y el Ministerio del Interior, donde permanece anclado desde el año 2007.
Así, la puesta en práctica de esta vital herramienta destinada a “prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o provocados por el hombre” (sic), y cuyo nacimiento se apoya en el préstamo de más de 300 millones de dólares otorgado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para reconstruir las zonas entonces estragadas por los anegamientos, el cual incluía una cláusula condicionante con foco en un sistema de prevención asistido por la FEMA de EE.UU. y la NEMA (National Emergency Management Authority) de Israel, fue desdibujándose progresivamente. El doctor Rodolfo Terragno, quien ejerciendo la Jefatura de Gabinete en el año 2002 tuvo a cargo el desarrollo del Sistema, refiere en un artículo de reciente data que por esa época se le proporcionó un centro operativo en la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, y 2 años más tarde, otro desde el que se hizo posible interconectar un sistema de alerta temprana más un segundo sistema de alerta hidrometeorológica con adquisición de radares y mareógrafos integrados a una red interconectada, y también poner a punto el Plan Piloto de la Provincia de La Pampa. El doctor Terragno indicó, a la vez, que la falta de presupuesto impidió que los radares comprados “ad hoc” por diferentes organismos involucrados (al SIFEM lo integran 40 entes del Estado Nacional como el Estado Mayor Conjunto, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Geológico Minero, la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Nucleares), Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía Federal, Dirección Nacional de Protección Civil, etc.) fueran puestos en funcionamiento. En años más recientes, la acción del rubro registra dos actos parciales, respectivamente, la formación de una comisión de riesgos dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y el anuncio de un programa de desastres inscripto en la órbita del Ministerio de Planificación.
En cuanto a las administraciones autónomas, puede señalarse la existencia de un Plan Director de Emergencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surgido tras el siniestro de Cromagnon en 2004 (frente al cual el Plan Maestro Metropolitano existente demostró carencia), y aprobado un lustro más tarde. Sus acciones (procedimientos ante 21 tipos distintos de urgencias como inundaciones, incendios, derrumbes y hundimientos, vientos muy fuertes, etc.) son comandadas desde el CUCC (Centro Unico de Comando y Control).
Tanto lo dispuesto al respecto por el orden nacional como lo correspondiente al ámbito capitalino, mostró en general insuficiencia, lentitud y descoordinación, sobre todo (dada la violencia y alcances del fenómeno climático) durante los últimos cataclismos abatidos en la Ciudad Autónoma, el Gran Buenos Aires, y La Plata.
Si a la comprobación de que no hemos alcanzado aún aproximarnos a la respuesta adecuada que reclaman las violentas emergencias actuales (cuya intensidad y frecuencia, por otra parte, vienen vaticinando los especialistas locales e internacionales desde hace bastante tiempo) agregamos una infraestructura pública en su mayor parte desactualizada y también la insólita presencia de obras nuevas que añaden dificultades (viaductos capitalinos en lugares inundables), no podemos sino adherir a las voces que apremian la reactivación del SIFEM. Las avala la ocurrencia de casi 15.000 acontecimientos naturales extremos que quitaron la vida a más de 6.000 compatriotas entre los años 1970 y 2009.
Ya no puede soslayarse, entonces, la implementación al respecto de una política pública traducida en un sólido sistema de emergencias que concentre comando, control, comunicaciones e informaciones, cuya ausencia, como reiteran los especialistas, impide a los Estados el cabal e indelegable cumplimiento de su rol de protección de la ciudadanía frente a las magnas catástrofes deparadas por el tiempo de hoy.

Arielina Bertotto
Periodista