Según los ex secretarios del área, las compras al exterior se mantendrán

Lejos de la vuelta al abastecimiento energético en el corto plazo, uno de los objetivos declarados que persiguió el Gobierno con la nacionalización de YPF, el grupo conformado por ocho ex secretarios de Energía recomendó ayer al país convertirse en un “mejor importador”, tanto en materia de seguridad como en precios, dado que ésa será su condición durante los próximos años.

Fue una de las principales conclusiones a las que llegaron en el seminario organizado con el título “apuntes para revertir la decadencia”. De acuerdo con su diagnóstico, debido a la caída en la producción y las reservas de hidrocarburos, los problemas para atraer inversiones y las dificultades normativas que presenta el sector, la Argentina debería enfocarse de inmediato en convertirse en un comprador de energía más eficiente.

“Hay que adaptar al país para la importación. Los dos puertos (de Bahía Blanca y de Escobar, por donde llega gas natural licuado por barco) no van a alcanzar para más de un año. Hay que pensar en salidas más organizadas y dejar de comprar en el mercado spot (es lo que ocurre con esas importaciones, y son más caras)”, explicó Emilio Apud, que participó de la administración de Fernando de la Rúa. Entre sus críticas a la gestión energética durante la última década, remarcó que “hubo una transferencia importante de renta del sector hacia el Estado y hacia los consumidores”, y que el país “ha perdido confiabilidad”.

Por su parte, Jorge Lapeña, que ocupó la cartera durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se refirió a una situación “apremiante”. Según su diagnóstico, “el sector energético tiene problemas estructurales gravísimos que tienen que ser resueltos ya”. Coincidió en que “las importaciones vinieron para quedarse”. Y se lamentó: “Hoy tenemos la energía como parte del problema económico, cuando la energía debería ser parte de la solución a los problemas económicos del país y un capítulo en la estrategia de desarrollo”.

Daniel Montamat, que condujo YPF y estuvo al frente de la Secretaría de Energía durante el gobierno de De la Rúa, deslizó que de acuerdo con los cálculos de los ocho ex funcionarios se necesitan inversiones en el sector por US$ 15.000 millones por año para acompañar un crecimiento del PBI de entre 4 y 5% anual. “¿Quién los va a poner? Hoy el sector de hidrocarburos no lo está haciendo”, reflexionó.

Por la mañana, el consultor Gualter Chebli había cuestionado dos mitos: que la decadencia energética se debió a la gestión de Repsol en YPF y la cantidad de recursos no convencionales que tiene el país, que según sus estimaciones son cuantiosos pero están por debajo de los números que se difunden. Con respecto a la primera, en tanto, mostró números de producción de hidrocarburos que acusaban una caída no sólo en la producción de la empresa nacionalizada sino del sector en su conjunto. Y lamentó que una parte sustancial de las licitaciones petroleras durante la década haya quedado en manos de empresarios afines al Gobierno y sin experiencia en el negocio.

MOLESTIA CON KICILLOF

El presidente de Shell, Juan José Aranguren, cuestionó el decreto 1277, que plantea una nueva regulación para el mercado petrolero. Sostuvo que va en contra de al menos cinco leyes, entre ellas la de ética pública, dado que el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien la norma coloca al frente de la comisión fiscalizadora del sector, es al mismo tiempo director de YPF. Aranguren dio un ejemplo gráfico de la supuesta incompatibilidad: el lunes, la empresa entregó información relacionada con su plan de negocios al director de YPF, su competidora. El ejecutivo también recordó que los precios de los combustibles “han estado aumentando desde 2008 a la fecha, pero ello no es suficiente para resolver invertir entre 3500 y 4000 millones de dólares en una nueva refinería, por las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad”.

Fuente: La Nación, 17/10