Si bien es responsabilidad de los consorcios, el Gobierno porteño debe supervisarlos.
Esta vez fue en Corrientes y Talcahuano, en pleno Centro. Ocurrió de noche, en medio de la lluvia, y arriba de una pizzería tradicional de Buenos Aires. Y aunque no hubo heridos, alcanzó para reavivar la polémica. La caída de una parte de la mampostería del edificio de Banchero, el lunes a la noche, volvió a encender el debate sobre quién debe ocuparse de las fachadas de los edificios que tienen más de diez años y, a veces, poco mantenimiento. Una ley de 1999 descarga las responsabilidades en los consorcios . Pero el Gobierno porteño, a través de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), es el encargado de inspeccionar que esto se cumpla y sancionar a los que no lo hagan.

La norma es la 257 y fue sancionada después de una serie de accidentes provocados por desprendimientos. Apunta a prevenir casos de ese tipo y para eso establece revisaciones periódicas según los años de antigüedad de cada construcción. Si el edificio tiene entre 10 y 21 años, el trámite debe hacerse cada 10 años; si tiene entre 21 y 34, cada ocho, entre 34 y 50, cada seis; entre 50 y 71, cada cuatro; y más de 71, cada dos.

Un punto clave de la norma advierte que en los edificios de perímetro libre, además de la fachada también se debe contemplar el contrafrente y los laterales . Y en los edificios construidos entre medianeras, según la ley, se deberá considerar fachada al frente y también al contrafrente. Sólo se exime a las viviendas de una planta y se habilita penas para las faltas “contra la seguridad, el bienestar y la estética urbana” para los que no cumplan con la reglamentación.

En rigor, todo lo “externo” tiene que ser supervisado: desde balcones, terrazas y azoteas, barandas, ménsulas, cornisas y todo tipo de ornamentos sobrepuestos, hasta marquesinas y toldos: también carteles, maceteros, revestimientos y cerramientos. Los inspectores o constructores contratados deben dar fe de su estado, o solicitar una obra de reparación . En todos los casos, es un trámite que encarece las expensas porque implica un gasto de contrato del especialista y en caso de obra, de materiales y trabajo. Por eso, el Banco Ciudad está obligado a dar créditos . Las viviendas familiares o inmuebles de pocas unidades suelen ser los más afectados por esta ley.

La Agencia Gubernamental de Control es la encargada de hacer cumplir estos trámites. Ayer, informó que en el caso del desprendimiento del lunes, el consorcio debía presentar el informe en marzo y que ya tenía dos intimaciones .

En agosto, también durante una tormenta, una marquesina de un edificio en Tribunales cayó y mató a un abogado de 33 años. En esa ocasión, también hubo polémica porque el informe técnico afirmaba que no había deficiencias de fijación o sustentación. Pero el cartel, de todas maneras, no tenía pedido de permiso.

Fuente: Clarín, 16/10