El control de fachadas y balcones en los edificios de la ciudad de Buenos Aires está otra vez bajo la lupa. Hace una semana una persona murió aplastada por una losa que cayó de una construcción de 1961. Según las leyes porteñas, son los consorcios los que están obligados a presentar informes respecto de las estructuras. Sin embargo, el cumplimiento de la norma no es mayoritario: el 73% de los edificios no realizó el relevamiento correspondiente.

Así lo indican las cifras de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña: de los 230.000 inmuebles que deberían presentar informes sobre el estado de fachadas y balcones, entre otros elementos constructivos, 170.000 no lo hicieron.

Pero en el mismo organismo indican que eso no necesariamente significa un riesgo. “Calculamos que hay entre 70.000 y 72.000 edificios que podrían ocasionalmente tener algún riesgo por su altura y su antigüedad. De ese universo están todos los informes”, aseguró de Mario Boscoboinik, director de Fiscalización y Control de Obras.

Por la caída de la losa del edificio de Lavalle 1582, en la zona de Tribunales, falleció Octavio Pérez Galimberti , de 33 años. Según el funcionario, este caso abrió un nuevo dilema: “Esa construcción estaba entre las que tienen los estándares más altos de cumplimiento y, sin embargo, sucedió lo que sucedió. Hay que poner el foco en incorporar otros parámetros que adecuen la ley. La norma fue efectiva durante todo este tiempo porque la ocurrencia de estos episodios fue muy espaciada en el tiempo”.

El defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena, que pidió hace un año un informe respecto del avance del programa que exige la ley, agregó: “Es delicado el tema y también cómo se encara. Debería haber una catalogación de edificios y disponer que la Guardia de Auxilio actúe cuando se está ante un riesgo. Es muy fácil de hacer. Pero es necesario ponerlo en acción. Tenemos que avanzar en ese otro paso”.

Mapa de riesgo

Alimena se refiere a disponer un sistema digitalizado en el que se carguen las presentaciones, para poder tener un mapa de riesgo de la ciudad. La ley que obliga a los consorcios data de 1999 y no incluye ese requisito; sin embargo, sí establece que debe realizarse un censo de las construcciones por antigüedad, concepto que determina el lapso de presentación de los relevamientos, que deben ser certificados por un profesional.

Según los registros de la AGC, hay alrededor 90.000 edificaciones de más de 70 años; unas 72.000 de entre 50 y 70; 29.000, de entre 35 y 50; 22.000, de entre 21 y 34 años; 16.000, de entre 10 y 20 años.

Pero ¿qué sucede con todos los edificios que no cumplen con la presentación que exige la ley?

Según la AGC, se intimó a unas 50.000 edificaciones y se han realizado multas por incumplimiento que recaen en la Unidad de Faltas Especiales. Sin embargo, los voceros no pudieron precisar cuál es el monto de la multa y si realmente se hace efectiva.

“Vimos que las intimaciones masivas generaban colapso en las presentaciones. El foco se está poniendo en la digitalización de la presentación, que sea más ágil y efectiva al tiempo que incluya otras cuestiones, como por ejemplo las instalaciones de cloacas y desagües pluviales, que antes era impensado. La Ciudad desde el punto de vista jurídico está cubierta, pero no fue suficiente para evitar la muerte de una persona”, indicó Boscoboinik.

En mora

El auditor porteño por el kirchnerismo Eduardo Epszteyn sostuvo: “Están absolutamente en mora con todo lo que tiene que ver con el control de los edificios. La ciudad está absolutamente indefensa en términos de control. Hace falta una profunda reformulación en la organización del estado porteño. Y sería bueno que hubiera un trabajo consensuado para resolver este problema”.

El representante del organismo de control hizo referencia además a la falta de comunicación entre las dependencias. El accidente reveló que la marquesina que cayó con la losa era ilegal, pues no tenía ningún permiso otorgado por la Subsecretaría de Espacio Público. Contradictoriamente, no sólo figuraba en el informe de la fachada, sino que se veía claramente en las fotografías que deben adjuntar los consorcios en la certificación.

“Las distintas áreas del gobierno de la ciudad en materia de control funcionan de una forma totalmente desarticulada. Yo no sé si el voladizo se cayó por la marquesina, pero nadie confirmó que estaba allí y era ilegal”, agregó Epszteyn.

La norma establece que son los propietarios y el profesional que certifica los responsables ante la Justicia. También indica que el gobierno debe dar créditos blandos a los consorcios para arreglar defectos constructivos o ponerse en regla.

Fuente: La Nación, 27/08