El gobierno de Daniel Scioli anunció  que dejará pendientes de realización todas las obras públicas “que no tengan financiamiento asegurado”, en el primero de una serie de ajustes presupuestarios que las autoridades bonaerenses analizan a partir del límite que dispuso la Casa Rosada a los giros de fondos a la provincia.

Ante la escasez de recursos, se informó también que podría decidirse en los próximos días una “donación” del aguinaldo de los funcionarios políticos de alto rango para que se puedan reducir en algunos casos las cuotas en que fue fraccionado el sueldo anual complementario de los agentes estatales bonaerenses.

“La provincia va a tener que tomar medidas frente a una situación que es adversa, porque los fondos no están disponibles. Entonces, se llevará adelante únicamente la obra pública que tenga financiamiento asegurado. No vamos a encarar obras que no podamos pagar. No hay financiamiento internacional ni nacional”, adelantó el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía.

Según estimaron voceros gubernamentales, se aplicará una reducción de alrededor de dos tercios de la inversión destinada a obras públicas prevista en el presupuesto provincial.

No obstante, en el ministerio conducido por Arlía no supieron informar sobre el volumen de partidas ejecutado hasta el momento, por lo que resulta imposible estimar el real alcance de la medida restrictiva dispuesta ayer.

El gobierno de Scioli no brindó información precisa sobre los emprendimientos que quedarán relegados ni cuánto dinero implicaría la decisión. Sin embargo, trascendió que podrían quedar suspendidas la construcción de accesos a pueblos, reparaciones de escuelas o ampliación de agua y cloacas, sobre todo en el interior provincial, que no hayan sido anunciadas. En tanto, se ralentizarían proyectos ya iniciados, mientras que se reprogramarían pagos atrasados.

Desde la cartera de obras públicas sí se pusieron ejemplos de las escasas obras que serán ejecutadas.

En tal sentido se mencionó el caso de la ruta provincial N° 6, para la cual el gobierno bonaerense posee autorización para lanzar un bono especial por 1100 millones de pesos; las obras solventadas con fondos del Banco Mundial como el saneamiento del río Salado, o el recientemente lanzado plan de viviendas Buenos Aires Hogar, que, en su primera fase, se propone la construcción de 480 viviendas familiares en 22 municipios del interior provincial por un monto total de unos 300 millones de pesos.

En rigor, la desaceleración en materia de obras públicas en la provincia ya estaba en marcha y era admitida por los funcionarios en privado; fue denunciada en reiteradas ocasiones por cámaras de la construcción que daban cuenta de retrasos en la ejecución y avances de obra por demoras en la liquidación de fondos.

Para el ministro Arlía, la decisión de parar las obras “va a causar un impacto negativo en la provincia de Buenos Aires” y destacó “lo determinante que es este distrito” en materia de economía global del país. “Si a la provincia de Buenos Aires le va mal, no hay forma de que al país le vaya bien”, advirtió en declaraciones radiales.

Arlía recordó que “siempre se cumplió en tiempo y forma con los pagos” pero que “este año es más difícil de lo que se esperaba”, por lo que ahora “se revisarán las obras públicas”.

El funcionario dijo “no creer” que los problemas financieros que obligaron a la provincia a fraccionar en cuatro cuotas el aguinaldo de los 550.000 empleados públicos bonaerenses obedecieran a razones políticas.

“Es una cuestión económica. El escenario internacional está muy difícil; están cayendo las exportaciones y la recaudación ya no rinde lo que se esperaba. Este combo hace que no nos puedan asistir en la medida en que necesitamos”, opinó el ministro, miembro activo de la agrupación sciolista La Juan Domingo.

Esa agrupación hizo durante el fin de semana un encuentro militante en el que el secretario de Coordinación Institucional de la provincia, Eduardo Camaño, cuestionó con dureza la falta de apoyo de la Casa Rosada. Y se quejó por las críticas a la administración provincial y por los pedidos de informes avalados por el vicegobernador Gabriel Mariotto y la agrupación La Cámpora contra el Ejecutivo bonaerense.

Arlía intentó mostrarse conciliador al anunciar las medidas de ajuste: dijo que el gobierno nacional “acompañó hasta donde pudo y hasta donde su situación fiscal se lo permitió”.

En busca de amortiguar el malhumor provocado por la decisión de fraccionar en cuatro cuotas el medio aguinaldo de los empleados públicos de la provincia, Scioli analiza la posibilidad de que los funcionarios políticos de alto rango donen su aguinaldo para permitir pagar de una sola vez los SAC de menor ingreso. La idea ya fue sondeada por el gobernador entre referentes de los gremios estatales que hoy paralizarán la administración pública provincial en rechazo por el desdoblamiento.

La ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, que reconoció que el déficit provincial ronda los 10.000 millones de pesos, admitió que se estudia esa variante.

Fuente: La Nación, 05/07