El incumplimiento de las normas se castigará con elevadas multas, que pueden alcanzar el costo del inmueble. Amaya envió un proyecto al Concejo Deliberante para elevar 30 veces el valor de las sanciones. La comuna recuperará la potestad en la conexión de la electricidad.

Unos centímetros menos en el pasillo, un ambiente sin ventilación adecuada o un piso más de lo permitido. La construcción de edificios en la ciudad arrasa con todo, incluso hasta con la normativa urbana. Sin intenciones de detener el crecimiento del hormigón, las autoridades decidieron ponerles freno a las irregularidades para dar un salto de calidad en edificación. De esta forma, la Municipalidad de dio a conocer una batería de medidas que contienen controles más estrictos y sanciones más duras.

“No es algo que se planeó de un día para otro”, aclara el subsecretario de Planificación Urbana, Luis Lobo Chaklián. La idea de tener un control minuciosamente detallado de la edificación en la ciudad lleva más de un año. Se comenzó con una informatización de la Dirección de Catastro municipal y ahora se avanzará con la implementación de las nuevas medidas.

En los últimos años se levantaron 400 edificios y se registraron 1.300 metros cuadrados de construcciones de viviendas, con una inversión que ronda los 4.000 millones de pesos. Por momentos, las inspecciones se vieron desbordadas. En una especie de radiografía de la construcción que hizo la Municipalidad se reveló que el 58 % de las edificaciones en altura han cometido alguna falta. Aunque en la mayoría de los casos no son cuestiones graves, ya que se pueden y se deben corregir.

Con proyecto aprobado

Para evitar los errores las autoridades decidieron actuar desde el inicio mismo de la obra . En primer lugar, quienes pidan permisos para construir recibirán un detalle con todas las normas vigentes. Luego, tendrán que colocar el cartel de obra que les emitirá el municipio.

Uno de los puntos más duros dentro de las nuevas disposiciones tiene que ver con el puntapié inicial de las edificaciones: hasta ahora bastaba con tener un anteproyecto aprobado para poner en acción los picos y palas. Esto no se permitirá más. Hasta que una edificación no tenga su proyecto final de obra aprobado, no se podrá tocar el terreno, especificó el funcionario.

Fotos testimoniales

En la inspección final del trabajo -para que la construcción quede habilitada- no habrá más flexibilidad, aclaró Lobo Chaklián. Para garantizar que no haya excepciones, se dispuso que cada uno de los 41 puntos que se exigen en una edificación queden verificados con sus correspondientes fotografías, en una especie de declaración jurada que firmarán el inspector municipal, el dueño del inmueble y el profesional que lo dirige.

El ancho de escalera adecuado a la cantidad de departamentos, la buena ventilación de los ambientes, la existencia de patios auxiliares, de salidas de emergencia y de sistemas contra incendios son algunos de los puntos que deben cumplir quienes edifican en altura.

Ponen una condición

Para lograr que se cumplan las disposiciones, la Municipalidad decidió poner como condicionante la conexión de uno de los servicios más importantes para vivir: la energía eléctrica. Lobo Chaklián advirtió que el municipio recuperará la potestad de conectar las edificaciones a la red, tarea que se hará después de que la obra haya cumplido con todos los pasos exigidos para ser habilitada.

La nueva normativa introduce modificaciones para colocar la cerca protectora en una obra. “Se le dará prioridad al peatón. En los últimos años, la gente se vio afectada porque gran cantidad de construcciones ocupaban las veredas y el transeúnte debía arriesgarse al bajar a la calle”, argumentó.

En el nuevo menú de Catastro municipal el plato más fuerte son las sanciones a quienes cometan faltas en la construcción. Hasta ahora las multas eran bajas. De ahí que el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante un proyecto que prevé elevar 30 veces más los valores. La idea de las autoridades es que la sanción sea tan dura que los constructores se esfuercen para no violar las normas. Arrancarán con un piso de entre $ 10.000 y $ 15.000. Las transgresiones graves podrían alcanzar el mismo costo de la edificación.

Fuente: La Gaceta de Tucumán, 18/06