El Gobierno de Daniel Scioli planea concesionar cerca de 2.500 kilómetros de rutas -los más tentadores en términos empresariales- para financiar mejoras y mantenimiento, con la instalación de peajes y balanzas de pesaje para el transporte de carga, y con contratos por quince años.

El proyecto -dentro del Plan Integral de Mantenimiento y Conservación de Rutas- incluye inversiones público-privadas, en principio, sobre 4 corredores de unos 600 kilómetros cada uno.

El primero de los corredores abarca las rutas 51, 31 y 191; el segundo, la 51 -desde Olavarría hasta Bahía Blanca- y la 65; el tercero incluye la 29 y la 41; y por último el cuarto corredor contempla las rutas 30, 74, 88 y 227. Se trata de los corredores que aparecen como más viables, de acuerdo con su tránsito medio diario anual. En la actualidad, en la provincia sólo están concesionadas las estratégicas rutas 2 y 11 (el denominado Corredor del Atlántico) y la autopista Buenos Aires – La Plata.

La estrategia fue confirmada por el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, a la Cámara Argentina de la Construcción, al momento de presentarle el nuevo Plan de Concesiones Viales.

La pretensión implica, en los hechos, extender el cobro de peaje a otras rutas del territorio bonaerense. “La gente no está pidiendo no pagar, sino un buen servicio”, argumentaron desde pasillos gubernamentales.

Una realidad se impone: para poner en estado óptimo los 10.580 kilómetros de rutas bonaerenses -impactados por el tránsito pesado en un distrito sin ferrocarriles, y por las inundaciones-, hoy se requeriría una inversión de cerca de $ 18 mil millones.

Se trata sin embargo de un monto que entra a competir con el de otras necesidades que enfrenta el distrito, en medio de las obligadas reasigaciones y reprogramaciones de gastos (también en el ámbito de la obra pública) en las que avanza Scioli frente al cierre de los grifos de asistencia financiera nacional, producto de las tensiones políticas entre ambas administraciones por las aspiraciones presidenciales de Scioli.

De hecho, sólo la última suba salarial otorgada a los docentes y estatales le representará a la Provincia una erogación extra de $ 14 mil millones.

No obstante, desde el Gobierno sostienen que la iniciativa se inscribe en realidad en el marco de la importancia estratégica para Scioli de desarrollar un clima de inversiones en Infraestructura y otras áreas productivas, bajo un esquema de participación público-privada.

Ahora, continuarán las reuniones de trabajo y la búsqueda de financiamiento que permita concretar los acuerdos y poder llamar a licitación pública durante el próximo semestre.

En este marco, Arlía remarcó que la provincia necesita una red vial integrada, por lo que -dijo- se trabaja sobre un sistema de concesiones que, a través de inversiones público-privadas, “pueda mejorar sustancialmente las rutas y mantenerlas en estado óptimo a lo largo del tiempo”.

Según el ministro, se trata de “contratos con reglas claras de juego” que aseguren a la Provincia y a las empresas que ganen las concesiones que la otra parte cumplirá con su compromiso.

“Estamos hablando de 15 años de concesión bajo un sistema de peajes y también de pesajes que son fundamentales en el mantenimiento de toda inversión que se pueda realizar”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción, Pablo Gutiérrez, afirmó que “ya que es muy importante para la provincia recuperar la red vial que se encuentra deteriorada, la Cámara va a analizar el sistema presentado por el ministro Arlía y a tal efecto ya se ha creado una comisión Vial, designada para trabajar en conjunto con la Provincia y así ahondar en el proyecto”.

Fuente: Ambito Financiero, 21/03