El sector de la construcción está más que preocupado por las implicancias del Plan Social lanzado por el Gobierno. Ese Plan prevé la creación de 100.000 empleos monotributistas a través de Cooperativas monitoreadas por los Municipios.

La razón es que, por la crisis, la actividad de la construcción perdió en el último año 80.000 empleos estables, en blanco. Y que en lugar de recuperar esos trabajadores, para el sector, ahora el Gobierno impulsa que ingresen a la actividad -a través de la realización de tareas de mantenimiento, pavimentación o refacciones por medio de las Intendencias — unos 100.000 monotributistas, con derechos laborales y de Seguridad Social inferiores a los de los puestos de trabajo perdidos.

El tema se trató en una reunión de la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA. Allí se decidió con la firma de Carlos Wagner por la CAC y Gerardo Martinez, por la UOCRA, emitir una Declaración Conjunta, frente “a la implementación de la iniciativa gubernamental del programa Argentina Trabaja, que contempla el ingreso a la actividad de 100.000 cooperativistas sociales en condición de monotributistas”.

Tras precisar que -por la crisis- en el último año se perdieron “aproximadamente unos 80.000 puestos de trabajo”, el documento dice que “compartimos las iniciativas de inclusión social”, pero aclara “ello no debe implicar la exclusión y afectación directa de los trabajadores formales de nuestra industria”. Y en una crítica al carácter precario de la relación laboral que genera el Plan oficial, el documento insiste en “que la única forma de promover la inclusión social es fomentar relaciones laborales que garanticen el pleno goce de los derechos, cumplimentando las normas fiscales, previsionales, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo”.

Para el sector, el Gobierno debería propiciar la reinserción de los 80.000 trabajadores despedidos de la construcción y no sustituir, en la práctica, a esos trabajadores por empleos inestables. El temor es que se consoliden esos despidos que en su mayoría corresponden a pymes, “que no son contempladas en el nuevo programa”.

En las obras sociales además hay otra preocupación. Porque esas entidades deberán brindar atención médica a los 100.000 cooperativistas – monotributistas a cambio de percibir una cuota mensual muy baja, mientras en el último período dejaron de recibir los aportes de los más de 200.000 trabajadores que perdieron sus empleos en blanco.

El Plan oficial también recibió críticas de otros sectores por la implementación “clientelística”, en relación al control que ejercerían los intendentes, en especial del conurbano bonaerense. Y por la relación laboral precaria.

Fuente: Clarín, 07/10