Vivir junto al curso pestilente no sólo ofende a la vista y el olfato; además implica graves riesgos para la salud.
Mucho se ha hablado del Riachuelo y de los peligros que encierra su subsistencia como hediondo foco de contaminación. Por eso, cabe preguntarse cuánto habrá que seguir esperando para que, por fin, las autoridades nacionales, las bonaerenses y las comunales se den por enteradas de la apremiante y siempre postergada necesidad de su limpieza.
Recientes comprobaciones ratifican que quienes viven en las cercanías del Riachuelo son algo así como ciudadanos de segunda. Afrontan toda índole de incomodidades -inclusive graves problemas de salud- y, olvidados por las autoridades, sobreviven a duras penas mientras sus quejas caen en el vacío. Es más, esas tres jurisdicciones han llegado hasta el extremo de hacer oídos sordos a una conminatoria advertencia de la Corte Suprema de Justicia para ejecutar las imprescindibles obras de saneamiento que, por ahora, siguen en veremos, ya sea por indiferencia, desidia, incapacidad o falta de recursos.
Las conclusiones del informe elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación son duras y lastiman. El diagnóstico expresa que el 96,4 por ciento de la población asentada en la cuenca del Riachuelo está expuesta a por lo menos una amenaza de riesgo ambiental, porcentaje reflejado en tasas de mortalidad infantil más elevadas que las del resto del país: 14,3 por mil contra 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida.
Esas referencias han deparado duras críticas formuladas por el defensor adjunto del pueblo de la Nación, Anselmo Sella: “La situación que muestra el informe -puntualizó- exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo”. Y agregó: “Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia y proactivo”.
En la cuenca del Matanza-Riachuelo fueron identificados 973.196 hogares. Alrededor de la mitad de ellos carece de abastecimiento de agua potable o de cloacas o de recolección de basuras. A nadie puede extrañarle, entonces, que el 33,3 por ciento de las afecciones verificadas en esa amplia zona sean gastrointestinales, y el 26 por ciento, respiratorias. Máxime porque, a mero título de ejemplo, 198.388 integrantes de la masa de casi dos millones de seres humanos que habitan en la cuenca viven en sitios inundables; 327.007 lo hacen en lugares alejados de establecimientos asistenciales y 2682 están asentados, lisa y llanamente, en basurales.
Abundan las promesas y faltan los hechos concretos. El secretario de Medio Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Homero Bibiloni, se manifestó convencido de que “la inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema”.
Hace 17 meses, la Corte Suprema conminó a sanear el Riachuelo. Al presente, sólo ha sido inspeccionado el 20 por ciento de los establecimientos industriales sospechados de provocar contaminación. Se estima que los informes sobre la calidad del agua y del aire son incompletos, muchos de los basurales siguen intactos y todavía no han empezado las obras para la provisión de aguas, cloacas y de un colector cloacal.
A simple vista se puede apreciar, entonces, que esa vasta masa poblacional continúa injustamente postergada y el riesgo ambiental sigue presente.

Fuente: La Nación, 22/03