El organismo solamente avanzó un 10% en las obras y recibiría una sanción de la Corte Suprema de Justicia, que convocó a una audiencia de seguimiento para el próximo 30 de noviembre

El Riachuelo no sólo es agua y mugre. Es también desidia, contaminación, corrupción y mentiras. Como cuando María Julia Alsogaray prometió limpiarlo en mil días en los años 90. Es aire viciado, y es gente amontanada que vive a la vera de 67 kilómetros de río, y lo hacen sin cloacas, sin agua potable, casi sin nada.

Hace 8 años, la Corte Suprema de Justicia dió un fallo ejemplar a raíz de una denuncia de un grupo de vecinos, que se difundió como causa “Mendoza”: condenó a los gobiernos de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires a implementar un programa de saneamiento, a relocalizar viviendas, e instrumentar acciones con municipios bonaerenses.

Se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) durante la gestión de Cristina Kirchner, y se acumularon las causas de corrupción: Romina Picolotti y Juan José Mussi, los primeros titulares del organismo, fueron procesados por la justicia por el uso irregular de los fondos.

En el 2016, los problemas continúan: organizaciones políticas y ambientales cuestionaron al director de Acumar, Julio Torti, por hacer apología de la dictadura en las redes sociales. “¿Y a los terroristas genocidas que mataron inocentes? ¿Para cuándo les llegará la justicia?”, escribió en su cuenta de Facebook, aunque luego borró la publicación.

Alertaron que las obras para sanear el Riachuelo están paralizadas: el organismo presentó un documento informativo a la Corte Suprema de Justicia en donde señala que durante este año el avance proyectado fue solamente del 10 por ciento, por lo que sus autoridades podrían recibir una multa del 20 % diario de su salario. El próximo 30 de noviembre se realizará una reunión de seguimiento en el principal órgano de Justicia.

Se reconoce el estado de estancamiento de los trabajos: por ejemplo, el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2 %, cuando la promesa era completarlo en el 2017. Tampoco hubo avances en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de eco puntos, para concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.

En cuanto a las 17771 viviendas que el organismo debería haber relocalizado, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%, pero en el 2016 no se continuó, algo que la Justicia podría sancionar. Las autoridades del gobierno nacional prometieron que en el 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque desde los organismos ambientales aclaran que las construcciones ya estaban realizadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios.

En este 2016, Acumar cuenta con un presupuesto que supera los 1200 millones de pesos, además de 840 millones de dólares del crédito del Banco Mundial (BM).