La obra pública se despereza bajo nuevas normas que descongelaron pagos y promesas de un generoso presupuesto para el año próximo. Mientras busca transparencia, el gobierno contentó a las constructoras con una nueva fórmula de ajuste.

En virtud del código de ética sancionado el año pasado, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) analiza la expulsión de algunas de sus socias, vinculadas a prácticas corruptas en las contrataciones con el Estado. De concretarse, esta inédita autodepuración patronal tendría lugar en un escenario de nuevas reglas para la obra pública, tan alentada por el kirchnerismo como impulsada por el macrismo.

Por ahora, la CAC prefiere mantener en reserva el nombre de las posibles marginadas. Pero su presidente hasta noviembre, José Chediack, tiene en claro que un mea culpa fundado en aquel manual sería un mojón en la siempre controvertida historia de los contratistas públicos y ayudaría a refrescar la imagen de las empresas del rubro.

Bajo nuevas reglas establecidas por la gestión macrista para la contratación de obra pública, la Cámara Argentina de la Construcción analiza la expulsión de algunas de sus socias, vinculadas con prácticas corruptas en las contrataciones con el Estado.

La primera fue el decreto de necesidad y urgencia 691 que creó desde mayo una nueva fórmula para redeterminar los precios de las obras en ejecución, mucho más generosa que la que regía desde el 2002.

El gatillo para que una contratista reclame un reajuste de valores respecto al contrato original se dispara cuando la suba de costos llega al 5%, lo que evita esperar que la inflación alcance el 10. Y el nuevo precio de la obra se calcula sobre todo el saldo pendiente y no sobre el 90% como hasta abril.

Para resucitar planes de viviendas sociales, se le acaba de reconocer a las constructoras un valor de mercado de $ 11.000 el metro cuadrado (son unidades de 55 metros cubiertos), equivalente al 90% de una vivienda nueva. Así se apurarían obras paralizadas desde el 2011, cuyos contratistas buscaron sin éxito un ajuste que siguiera la inflación.

Las propias empresas sostienen que Vialidad -área donde el Gobierno identificó con nitidez formas de contratación lesivas al interés público- está honrando una deuda de $ 13.200 millones: 30% cash y el resto en ocho cuotas mensuales. A decir de los interesados, estos pagos incluirían intereses que la administración macrista había objetado de movida.

Finalmente, el diseño del proyecto de presupuesto del 2017 es una prueba del espíritu keynesiano de Mauricio Macri. Los gastos de capital crecerán un 32,1%, 10 puntos más que los gastos corrientes.

Muchas áreas estatales hoy ya publican los pliegos en la web, algo que será obligatorio de prosperar el proyecto para transparentar que se discute en despachos oficiales. Todo bajo el mismo paraguas de la ley de Obra Pública 13.064 del año 1947, norma antigua pero no vetusta. A decir de las empresas, “no es mala, pero no se cumple”.

Subsiste la duda de hasta dónde las prácticas objetables se erradicarán y qué se animará a decir públicamente sobre ello el próximo titular de la Cámara Argentina de la Construcción.