Legisladores discuten ley para que el Estado mexicano retome el control y que propició el caos urbano. De cada 100 mexicanos 38 viven en colonias que son o fueron irregulares.

Entre sus novedades, el ciudadano “de a pie” recibe formalmente la posibilidad de entablar “denuncia popular” por este tipo de anomalías; los tres niveles de gobierno se obligan a proteger todas las superficies públicas, a acrecentarlas y a obligar a los fraccionadores a donar los terrenos adecuados; además de que las redensificaciones urbanas deberán ir acompañadas de incorporación de espacios públicos para garantizar que los promedios por habitante se mantengan a los niveles “de las normas mexicanas”.

De cada 100 mexicanos, 38 habitan en colonias que son o fueron ilegales en términos urbanísiticos. El problema es grave, porque introducir servicios en zonas sin infraestructura cuesta diez tantos más caro que en un asentamiento planeado.

Las autoridades estatales y municipales “realizarán las modificaciones necesarias a los planes y programas de desarrollo urbano y ordenación.