NEUQUÉN- Hace casi un año, un estudio de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) daba cuenta de que el balneario municipal Albino Cotro presentaba en las aguas del río Limay niveles de la bacteria Escherichia coli que superaban lo máximo tolerable para recreación, lo que determinó su posterior clausura.

Desde ese entonces, más allá del inicio de algunas obras de saneamiento, poco se hizo para remediar esta situación. En el camino se sancionó una ley de alerta hídrica que obliga a los organismos provinciales y a los municipios a prevenir, evitar y corregir la contaminación de los ríos y lagos de Neuquén.

Sin embargo, esta normativa, que fue aprobada en junio, no puede aún aplicarse porque espera ser reglamentada por el gobierno provincial. En tanto, la AIC realizará el mes que viene un nuevo estudio de calidad sobre un río cuyo caudal es similar al de 2016 para esta altura del año, por lo que todo hace suponer que el panorama no variará demasiado. En definitiva, el Limay seguiría contaminado.

100 mililitros de agua es la medida que se toma para establecer la presencia de bacterias. Se utiliza esa cantidad de muestra porque es la que se estima que una persona puede ingerir por accidente.

La importancia de la aplicación de esta ley se basa en que determina responsabilidades y obliga a controlar e inspeccionar los posibles focos de contaminación. En el anexo de la norma figuran 61 rubros productivos que generan residuos hacia los cursos de agua. La lista es extensa y comprende a empresas de comidas, como rotiserías, carnicerías, pescaderías, panaderías, hipermercados y elaboradores de cervezas y vinos. También a fabricantes de distintos productos, incluidos jabones, hielo, tejidos y vidrios; sumados a las clínicas, laboratorios y farmacias.

Estarán bajo la lupa las casas de fotografía, transportistas, talleres mecánicos, lubricentros, mataderos, lavaderos y baños químicos. Se les exigirá a estos establecimientos un tratamiento de los líquidos antes de que estos ingresen en el tendido cloacal. La razón es que muchas veces terminan en las cloacas residuos como restos de obra, aceites u otros desperdicios que después no pueden ser tratados por las plantas.

En todos los casos, las empresas tendrán un año de plazo para adecuarse a las nuevas restricciones y serán los municipios los que deberán elevar un informe trimestral de las fiscalizaciones y controles realizados. Además existirá un comité integrado, entre otros, por representantes de los organismos provinciales, la Legislatura, asociaciones civiles y la AIC, que se encargará de hacer cumplir la ley.

Saliendo de esta ley, hay algunas obras de saneamiento iniciadas y otras que ni siquiera comenzaron. A cargo del EPAS, se construyeron los nuevos módulos de la planta Tronador, que permitirán tratar la totalidad de los efluentes cloacales de la ciudad de Neuquén, y se iniciaron los trabajos de la colectora cloacal del Oeste II, que conectará al tendido a 150 mil habitantes.

El mes que viene la AIC realizará un nuevo monitoreo para corroborar el estado de las aguas del río Limay y el resultado se conocerá recién en noviembre. El año pasado en el ex balneario municipal las muestras arrojaron 211 Escheriquia coli por cada 100 mililitros (el máximo tolerable es de 200).

El titular de la cartera de Recursos Hídricos de la provincia recordó que el mantenimiento de las plantas en algunas localidades no es bueno, y sobre esto citó los casos de Plottier y Centenario.