Por la nueva Ley 200 grandes usuarios de Río Negro y Neuquén deberán utilizar energías renovables. Río Negro tiene 140 grandes usuarios con un promedio mensual de demanda de alrededor de 108 MW. En Neuquén quedan dentro de esa categoría 64 usuarios con algo así como 50 MW facturados por mes. Los grandes usuarios ya presentaron su queja en las comisiones del Congreso.

Unas 200 empresas de Neuquén y Río Negro deberán reconvertir parte de su matriz a partir de 2017. Son petroleras, frigoríficos e hipermercados. Se abre una gran puerta para los parques eólicos neuquinos.

La reciente sanción de la denominada Ley Guinle fue muy celebrada en el incipiente mercado de la energía renovable nacional. También, hay que dejarlo asentado, recibió críticas. Quizá el rasgo distintivo –y el germen de la polémica– son las metas de participación en la generación eléctrica de 8 por ciento para el 2017 y de 20 por ciento para el 2025.

Llegar al primero de los objetivos, planificado para los próximos dos años, será como empezar de cero ya que actualmente las energías verdes significan el 0,6 por ciento de la potencia instalada del país. Ir hasta ese puerto significará la instalación –o el reemplazo– de unos 2.500 MW de potencia provenientes de fuentes renovables que, a la cotización actual, demandarán inversiones de alrededor de 6.000 millones de dólares.

En el nuevo esquema solo los grandes usuarios, aquellos que tienen una demanda igual o superior a 300 KW de potencia, están obligados a cumplir las metas bajo apercibimiento de multas dolarizadas. Estos representan el 30 por ciento del consumo total del país, aunque en la región se encuentran por debajo de esa participación.

Río Negro tiene 140 grandes usuarios con un promedio mensual de demanda de alrededor de 108 MW. En Neuquén quedan dentro de esa categoría 64 usuarios con algo así como 50 MW facturados por mes. Se trata de yacimientos petroleros, galpones de fruta, frigoríficos, bombeo de agua, mineras, centros de esquí, industrias y algunos supermercados y shoppings de grandes superficies.

Estos más de 200 “grandes” son parte del universo de los que deberán comenzar a contratar energía limpia en los próximos meses, algo que en el contexto de la matriz energética actual parece como un bien muy escaso.

La ley Nº 27191, aprobada por el Congreso en septiembre pasado, modifica el articulado de una norma con sello neuquino: la ley Nº 26190, de la que participó el presidente de la ADI Neuquén, el exgobernador Pedro Salvatori. El nuevo texto básicamente mejora las condiciones de inversión y los desarrolladores consultados creen que pueden conseguir un beneficio de hasta el 20 por ciento para el desarrollo de los proyectos.

A trazo grueso puede señalarse que son tres los puntos que mejoran la competitividad de los proyectos renovables en el país: 1) la posibilidad de acceder en simultáneo a los beneficios de la devolución del IVA y la amortización anticipada del impuesto a las Ganancias, 2) créditos impositivos por adelantado y 3) la exención de los aranceles de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.

Sin embargo, uno de los puntos incorporados con mayor relieve fue la creación del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder). Se trata de una fuente de financiamiento público y genuino para el desarrollo de este tipo de proyectos, cuyo principal déficit en todo el mundo es el acceso al mercado de financiación. En su composición se establece que sean el Ministerio de Economía como fiduciante y fiduciario y el Banco de Inversiones y Comercio Exterior como fiduciario.

El Foder se fondeará –dice la norma– con los ahorros que se produzcan con la reducción de las importaciones de hidrocarburos para la generación eléctrica. Es decir que inicialmente y hasta tanto no se pongan en marcha proyectos renovables que reduzcan la cuenta energética –una factura que supo ser de hasta 12.000 millones de dólares– no habrá financiamiento interno. Sin embargo, los beneficios iniciales, aseguran las fuentes consultadas, servirán para motivar varios proyectos en el corto plazo.

Así como para la provincia de Neuquén (que guarda sólo en seis proyectos eólicos con un potencial de 612 MW) la ley significa una gran expectativa, hay sectores que se ven obligados a reconvertirse y que hicieron público su punto de vista. Aquí surge la voz de los grandes usuarios y la asociación que los nuclea, Agueera, hizo conocer sus cuestionamientos.

La norma establece que el cumplimiento de abastecer con energía renovable hasta el 8 por ciento en 2017 –y luego hasta el 20 por ciento de su consumo en 2025– se inicie con el contrato del 1 por ciento desde la puesta en vigencia de la norma, algo que podría llegar antes de fin de año con la reglamentación de la ley.

Los grandes usuarios –conocidos técnicamente como Gumas– presentaron su queja en las comisiones del Congreso. Plantearon que son los únicos obligados a cumplir con las bandas propuestas y que, por ejemplo, las distribuidoras quedan exentas.

Apuntaron contra los precios que permite la nueva legislación, de hasta 133 dólares por MW/h, asegurando que en el mercado pagan menos de la mitad por cada unidad. En ese contexto objetaron las “penalidades excesivas” que calcularon en 210 dólares por cada MW/h y que únicamente recaería sobre los grandes usuarios.