Las líneas de alta tensión (del sistema interconectado nacional) o las de media y baja (de la EPE) suelen quedar muy lejos de los campos.

El Senado completó esta semana la sanción de la ley que crea el Fondo de Electrificación Rural (FER). La Cámara Alta aceptó las modificaciones que propuso la de Diputados para el proyecto que impulsó el senador Felipe Michlig (UCR- San Cristóbal).

El radical subrayó que tomó en sus manos una iniciativa que antes había presentado su correligionario Federico Pezz (ex senador por General Obligado), quien antes de terminar su mandato -en 2011- impulsó la norma.

Tras perder estado parlamentario, el tema fue ingresado nuevamente por Michlig, ahora acompañado por las firmas de los senadores, también radicales, Germán Giacomino, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón, Hugo Marcucci y Lisandro Enrico además del socialista Miguel Lifschitz, y por los justicialistas Danilo Capitani, Ricardo Kaufmann y José Baucero.

Llevar el servicio eléctrico al sector rural, en particular de las regiones y pobladores más aislados del territorio santafesino “que sean declaradas de electrificación rural obligatoria y en las que exista un estado de necesidad de infraestructura eléctrica”, es el norte que guía al proyecto.

El Fondo que se crea tendrá una duración de 5 años a partir de la vigencia de la ley y para la realización de las obras se constituye con un gravamen del 1,5% sobre el monto que facture la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

También se sumará al Fondo un aporte similar del Poder Ejecutivo Provincial, para lo cual deberá crearse una partida específica.

Detalles

La ley (sólo resta su promulgación) establece que las poblaciones beneficiadas con el FER son aquellas de hasta 3.000 habitantes, por considerar que las localidades fuertemente influenciadas por la ruralidad son de esas dimensiones en cuanto a densidad poblacional.

La norma declara de “electrificación rural obligatoria” a aquellas zonas o regiones en las que, como consecuencia de la realización de un estudio técnico-socio-económico, a cargo de la EPE (con la colaboración de las municipalidades y comunas correspondientes a las respectivas jurisdicciones), muestren “un estado de necesidad de infraestructura eléctrica, sea por carencia o deficiencia marcada de la prestación del servicio”.

“En la definición del texto finalmente aprobado tuvieron una activa participación no sólo los senadores firmantes y aquellos que le dieron dictamen favorable en las comisiones, sino también hubo apoyo del vicegobernador y presidente del Senado Jorge Henn, y los aportes muy valiosos del presidente y el vicepresidente del directorio de la EPE, Daniel Cantalejo y Cristian Berrrino, respectivamente, y del director Hugo Storero”, subrayó Michlig, el jueves pasado en su banca.

Tras destacar la labor del ex senador Pezz, como autor del proyecto, Michlig dijo que se trata de un mecanismo por el que los sectores urbanos más densamente poblados realizarán un aporte económico concreto a las zonas rurales más alejadas.

Estimó que por año, el Fondo logrará sumar unos $ 50 millones y explicó que una comisión bicameral de seguimiento se encargará del control y aprobación de inversiones. Estará integrada por 3 diputados y 3 senadores, la cual se reunirá como mínimo una vez cada 3 meses y, entre sus atribuciones, tendrá a su cargo ejercer control sobre la integración de dicho Fondo y prestar conformidad sobre su inversión.

El Fondo para la Electrificación Rural tendrá dos aportes iguales por parte de los usuarios (un gravamen de 1,50% que figurará en las facturas) y otro monto igual que aportará el Poder Ejecutivo Provincial. Pero además, las obras a realizar podrán contar con aportes de los propios beneficiarios.

El artículo 6 ha previsto (en su inciso c) que se sume también “lo recaudado por contribución por mejoras por obras de electrificación rural y los recargos y multas que se perciban por aplicación de la presente ley”;

El artículo 8 dice que “Los propietarios y poseedores con ánimo de dueño de inmuebles rurales comprendidos en las zonas o regiones delimitadas conforme el primer párrafo del Artículo 6, quedan obligados al pago de contribución por mejoras que les correspondan por obras de electrificación rural, la cual será determinada por la EPE”.

Además, “el Poder Ejecutivo puede eximir de las obligaciones de pago de la contribución por mejoras en casos en que se demuestre en forma fehaciente la imposibilidad material de efectuar la contribución o cuando razones de interés técnico-social lo hagan aconsejable. Los criterios y condiciones que deban reunir los que soliciten la exención se establecen en la reglamentación. En todos los casos en que se determinen exenciones a los aportes, el Poder Ejecutivo arbitra los medios necesarios para cubrir los mismos y compensar a la EPE las sumas pertinentes que se integren al FER”

Fuente: El Litoral de Santa Fe, 22/06