Un megaemprendimiento privado para unir Chile y la Argentina deberá ser seriamente evaluado por ambos gobiernos

Un consorcio internacional presentó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el estudio de factibilidad y el anteproyecto de ingeniería referidos al Corredor Bioceánico Aconcagua, emprendimiento destinado a unir mediante una nueva línea ferroviaria Luján de Cuyo, en territorio mendocino, con los Andes, en la V Región chilena. La propuesta incluye, como construcción de mayor complejidad, un túnel de baja altura, de 52 kilómetros de longitud, que correrá entre el portal Punta de Vacas, en Mendoza, y el portal Saladillo, en el país trasandino.

Según se explica en el documento entregado, una primera razón que justifica la construcción de otra vía de cruce cordillerano es que el paso del Cristo Redentor está llegando a un nivel de saturación en cuanto al transporte de cargas que, en la actualidad, no excede los 5 millones de toneladas. Mayor cantidad de camiones en el intercambio no resultaría admisible, particularmente por el problema originado en la zona de los caracoles, con 28 curvas en horquilla. A esto hay que agregar que las condiciones climáticas obligan a que 60 días al año permanezca cerrado.

En función de la necesidad de reducir esa saturación y de acrecentar significativamente el volumen de cargas, ganar en seguridad vial y en mayor confiabilidad para emisores y receptores del intercambio comercial, entre otros beneficios, parecería justificada la iniciativa elevada a los gobiernos de ambos países por un consorcio privado que integran Corporación América, Empresas Navieras SA, Mitsubishi Corporation, Contreras Hermanos SA y Geodata SPA.

La obra requeriría una inversión de 3000 millones de dólares. En la propuesta se destacan, además del túnel de baja altura, un ferrocarril eléctrico de alta capacidad de carga, un sistema abierto Atlántico-Pacífico, de trocha única, multimodal, y dos estaciones en los extremos del sistema. Tras una década de construcción, se estima que el corredor podría inaugurarse y resolvería en su inicio demandas de carga por 13 millones de toneladas por año, capacidad que crecería progresivamente hasta alcanzar 77 millones de toneladas anuales.

De acuerdo con sus impulsores, la obra alentaría los tráficos comerciales de los dos países comprometidos en su construcción. Para la Argentina, los países del Pacífico estarían más cerca; para Chile ocurrirá otro tanto con los países del Atlántico.

De acuerdo con lo informado por el consorcio que promueve la obra, se trataría de una iniciativa privada que, en principio, no debería tener aportes del sector público. Sin embargo, su magnitud y características hacen que los costos que se proyectan puedan sufrir variaciones enormes, por lo que cabe exponer ciertas dudas sobre si los Estados no terminarán haciéndose cargo de parte de las inversiones.

Un cuadro de perspectivas tan promisorias, como las planteadas por el grupo de empresas promotoras, exige de la Argentina y Chile un control especialmente cuidadoso de la calidad del anteproyecto expuesto, la transparencia de su financiación, y la indispensable coordinación de sus tramos técnicos y políticos.

El primer paso a dar por ambos gobiernos sería efectuar todos los estudios necesarios de prefactibilidad y factibilidad hasta tener muy claros los verdaderos costos y beneficios de la iniciativa. Una vez resuelta esa etapa, concretar, con la máxima cristalinidad, la indispensable licitación a partir de la decisión política de llevar a cabo este megaemprendimiento, a la cual los poderes legislativos de ambos países no deberían ser ajenos.

Fuente: La Nación, 21/10