La idea de considerar como derecho el acceso de todos y cada uno de los seres humanos a bienes básicos entre los que revistan el agua y la electricidad, logró instalarse sólidamente en el mundo moderno, movilizando en su ámbito investigaciones tecnológicas constantes y repetidos intercambios de ideas orientadas hacia el logro de planes y programas capaces de proveerlos en calidad y cantidades suficientes.
Pero hasta el día de hoy, sin embargo, amplias franjas de la sociedad internacional se ven privadas o restringidas, por ejemplo, en el uso de los 20.100 litros potables, individuales y diarios, que les corresponden según lo establecido por los máximos organismos especializados en la gestión del agua.
“Sólo algunos países disponen de políticas, estrategias o planes realistas para recuperar costos y para el financiamiento sustentable del aumento de la cobertura del servicio, en especial, para los pobres”, informa al respecto la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. COSUDE.
Es que el objetivo, alejado del trato comercial por la condición de bienes comunes que entrañan sus componentes, demanda sin embargo inversiones de fuste y abultados costos de operación y mantenimiento, realidad aún no asumida en plenitud y por lo tanto generadora de errores gubernamentales y conflictos sociales al momento de fijar precios y tarifas que albergan componentes económicos, técnicos, políticos, medioambientales, y de la comunidad.
La aceptación de este dato real que atañe al suministro de agua y electricidad para el presente, debe incluir asimismo su sustentabilidad a muy largo plazo, es decir, cubriendo también los requerimientos de la población futura de la cual hoy somos inexcusablemente responsables, advierten los textos emanados del Objetivo del Milenio. ODM.
No resta sino asumir, en consecuencia, el carácter oneroso de las erogaciones necesarias, en cuya magnitud inciden las altas tecnologías capaces de responder a la creciente problemática a su vez engrosada por la expansión demográfica y los efectos del cambio climático.
Debido a ello es que los documentos de la COSUDE mencionan la participación del sector privado en el financiamiento y ejecución de las obras demandadas; señalan que el usuario debe pagar adecuadamente por el servicio, a riesgo del colapso del sistema; descartan el largo plazo en los subsidios; y aconsejan, con respecto al sensible tema de la pobreza, elaborar tarifas acordes con la deprimida capacidad monetaria de estos sectores.
La procura de esta toma de conciencia comienza a reflejarse incluso en nuestro país, donde en momentos en que el gobierno central reconsidera los subsidios y el congelamiento de tarifas, funcionarios provinciales aleccionan a sus respectivas comunidades sobre los costos de la electricidad y del agua (“se debe entender que no es gratis, que no se regala, que cuesta producirla, transportarla y distribuirla”, ingeniero Ricardo Souilhé, coordinador de Recursos Energéticos de Jujuy; y campaña de las autoridades de San Luis para que cada productor rural conozca los costos del agua demandada por su actividad).
Existen, por descontado, tecnologías sencillas y por lo tanto económicas con que enfrentar problemas hídricos (perforación de pozos dotados de bombas, tuberías que funcionan por gravedad o sistemas de bombeo, etc.,) o de energía eléctrica, pero sólo resultan de aplicación adecuada cuando se trata de zonas específicas reducidas o áreas rurales. En los casos restantes, que demandan tecnologías de punta, los costos se elevan hasta hacer necesario que la inversión pública y la privada, tal como ocurre en España, Canadá y Brasil entre otros países, los compartan en medidas iguales.
Ningún tipo de esfuerzo puede ser ahorrado cuando conduce a la digna habitabilidad del planeta, a cargo de sus pobladores humanos desde que aparecieran sobre la tierra hasta los tiempos del mañana.

Arielina Bertotto