A diez años del fallo Mendoza, que ordenó sanear el Riachuelo, la Corte Suprema de la Nación aseguró que “no se cumplieron las promesas” y que hubo “irregularidades graves” que podrían terminar en denuncias penales.

Los magistrados se mostraron muy críticos y apuntaron contra la lentitud del proceso.

“El problema que se ve y que marca la Auditoría General de la Nación (AGN) es que los compromisos no se cumplen”, afirmó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Y cuestionó que a poco tiempo de cumplirse una década de la sentencia, todavía no hay precisiones y plazos de cuándo se va a lograr.

El diagnóstico de la Justicia no es alentador. Horacio Rosatti, otro de los magistrados, remarcó que a diferencia de otra gestiones, es un “avance” tener indicadores de resultados. Pero sin embargo, no es suficiente. “Esto nos revela que estamos cada vez más lejos del objetivo”.

La presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti, argumentó que no se puede dar una fecha precisa, porque “depende del avance de las grandes obras que se hacen a nivel del Estado nacional, la Provincia y Ciudad”. En su defensa, reconoció que los planteos de los jueces eran correctos, pero manifestó que estaban en un “proceso de acelerar”. “Sabemos que hay una deuda histórica”, subrayó la funcionaria.

Del otro lado, uno de los representantes del Cuerpo Colegiado, que controla que se cumplan las órdenes de la Corte en el saneamiento, salió al cruce de ACUMAR y denunció que “no cumple el fallo de 2008, ni ninguno de los que vino después”.