La Justicia solicitó que un desmontador pague este monto por haber intervenido ilegalmente 12 mil hectáreas de bosque chaqueño para sembrar soja y otros cultivos.

El procurador general de Salta, Pablo López Viñals, y la fiscal civil de Tartagal, Griselda Nieto, demandaron por más de 171 millones de pesos a un productor condenado el año pasado por el desmonte ilegal de bosque nativo.

La demanda fue interpuesta contra Juan José Karlen, quien el 2 de octubre pasado y en un juicio histórico, el primero con condena en Salta por este tipo de delito, recibió una pena de seis meses de prisión por desobediencia a la autoridad, ante la negativa de cesar la tala de bosques.

López Viñals y Nieto pidieron a la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance, que condene a Karlen y a su hijo Daniel a depositar la suma inicial de 171.413.473 pesos, a fin de aplicarlos a un plan de manejo para la restauración del bosque.

Los demandantes resaltaron que el desmonte se realizó sin el permiso correspondiente y que se violaron en reiteradas oportunidades las órdenes de paralización dictadas por la Secretaría de Ambiente provincial y la justicia.

Estas tierras están ubicadas a 30 kilómetros de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, del norte provincial, donde en 2013 la Afip encontró a 157 empleados no declarados, sometidos a hacinamiento y condiciones laborales infrahumanas, que vivían en chozas sin agua, sin electricidad ni sanitarios, y que eran obligados a comprar los alimentos al empleador, por descuentos salariales.

Son lotes situados en la región chaqueña que los Karlen usaban para cultivar soja, maíz, oleaginosas y legumbres secas, además de servicios inmobiliarios y el transporte de mercadería a granel, entre otras ocupaciones.

López Viñals solicitó, en un juicio colectivo ambiental, que se clausuren los lotes ilegalmente sembrados y con el dinero reclamado se ejecute un plan para que el bosque logre reconstituirse, según los expertos, en un plazo promedio de 20 años.

Los Karlen ya fueron objeto de una multa administrativa ambiental de más de 11 millones de pesos, que fue confirmada por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a través de un decreto.