Relevamiento de Greenpeace en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco

El dato es alentador a medias: según relevamiento realizado por Greenpeace, la deforestación en las cuatro provincias más afectadas cayó un 50% con relación al promedio anual previo a la sanción de la ley de bosques, pero un tercio de los desmontes se produjo en zonas protegidas.

Con el 4,3% de la deforestación mundial, Argentina es uno de los diez, que más desmontaron. En los últimos 25 años: se arrasaron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a la superficie de Entre Ríos. La sanción de la ley de bosques en 2007 mejoró el panorama, pero desde su aprobación hasta fines de 2014 se destruyeron 2,1 millones de hectáreas, de las cuales el 30% corresponden a zonas protegidas.

El avance de la frontera agropecuaria y los incendios. Hay datos esperanzadores, pero todavía hay mucho por mejorar, por ejemplo, que nunca se cumplió con el presupuesto del fondo para la conservación de los bosques nativos.

Greenpeace presentará su informe anual 2016 sobre deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta, que aglutinan el 80% de la deforestación nacional. El trabajo arrojó que se desmontaron 112.252 hectáreas, lo que equivale a un 50% del promedio anual anterior a la ley. Sin embargo, el 37% de esa superficie está catalogado en los inventarios de bosques como categorías I (rojo) y II (amarillo), que son las zonas protegidas.

“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”, evaluaron desde la Campaña de Bosques de Greenpeace. Y recordaron que la protección de los bosques es una “demanda social”. En este punto hay una cuestión clave: la ley se aprobó con el apoyo de un millón y medio de firmas.

Frente a este panorama, Greenpeace reclamó que el desmonte ilegal y el incendio intencional de bosques para su posterior cambio de uso de suelo sean considerados delitos, al igual del otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas. También advirtieron la necesidad de que el Estado obligue a los propietarios o responsables a restaurar los bosques destruidos de manera ilegal.

En los últimos días el gobierno de Salta hizo circular un comunicado en el que aseguró que se redujeron un 66% los desmontes ilegales en la provincia. Sin embargo, esa estadística sólo considera como ilegal el desmonte no autorizado, en una Provincia acostumbrada durante años a autorizar la deforestación en zonas protegidas.

Detrás de Santiago del Estero, Salta es la segunda provincia más afectada del país. Entre 2007 y 2014, Greenpeace estima que se desmontaron 120 mil hectáreas protegidas, casi la misma cantidad que hubo en 2016 en todo el país.