En los temas inmobiliarios, ya se sabe, los hechos consumados corren más rápido que los derechos de los vecinos. Norma Morandini*

El sistema democrático, por legitimar los derechos, es el único que administra los conflictos.
Frente a los intereses en pugna, le corresponde al Estado, en nombre de todos y como garante de la igualdad ante la ley, igualar esas desigualdades. Dentro de ese marco legal es que nos movemos. Como se trata de administrar conflictos, la concertación siempre es una buena y deseable solución. Sucede que la tradición de oscuridad con la que se viven entre nosotros las cuestiones públicas, la prepotencia del poder económico se impone sobre las razones de los buenos vecinos, esos convidados de piedra a los que pocas veces se tiene en cuenta. Esa es mi experiencia.
Todos las veces que me involucré en defensa de ese bien común, como son las cuestiones patrimoniales y ambientales, lo hice a instancias de la ciudadanía, que fue la que buscó a sus legisladores para pedir que las tierras del Tercer Cuerpo fueran preservadas, al igual que sucedió con el amenazado casco histórico de la ciudad de Córdoba, protegido por la Unesco.

Las topadoras de la demolición, bajo los escombros, están enterrando la misma idea de la democracia, definida por la igualdad ante la ley y la participación ciudadana.
Al amparo del calor y las vacaciones, fue exactamente un año atrás cuando lamentamos la demolición de la Casa de las Tejas.
Transgredir las reglas. Y ahora, yo misma, con el pudor que me provoca reclamar en causa propia, debo advertir sobre esa “concertación pública-privada”, que pareciera más una relación de promiscuidad en la que están involucrados particulares a los que se les permite transgredir las reglas o eludirlas, a cambio de hacer lo que es obligación de los municipios, garantizar los servicios, sean asfaltos o cloacas. Así vamos por la democracia, adaptándola al que grita más fuerte o frecuenta los despachos. En los temas inmobiliarios, ya se sabe, los hechos consumados corren más rápido que los derechos de los vecinos.
Vivo en la casa más antigua de Villa Allende, amenazada por una obra disparatada: un centro comercial que se hará a expensas de los árboles centenarios que configuran la muestra más antigua de lo que fueron los asentamientos residenciales, sobrevivientes de la especulación inmobiliaria.
Por no respetar las líneas de edificación, invadirá el espacio público al punto de que obligará al peatón a caminar por dentro del centro comercial. Ya destruyó lo que estaba impedido por ley, un aljibe de 100 años que constituía una reserva de información arqueológica.
Y esto por no hablar de las cuestiones técnicas y los peligros que conlleva la construcción del proyecto aprobado de manera tan irregular.
Vale mencionar los ejemplares autóctonos y exóticos que no sólo entrañan un valor paisajístico sino que actúan como un sistema de contención de terraza, ya que el proyecto en cuestión está planificado en la parte baja de la pendiente.
He mencionado apenas los temas que tienen que ver con el bien común, esa idea superior que debe sobrevolar por encima de nuestras cabezas. No ignoro que no puedo impedir una construcción en un terreno privado, pero sí debo exigir como cualquier vecino que el municipio me garantice que semejante obra no me provocará desmoronamiento ni grietas en mi propiedad. Ni que las lluvias inunden a los que viven más abajo, o que el tránsito no haga peligrar las vidas de los que utilizan el paseo público.
No corresponde que en este lugar mencione las irregularidades técnicas, tal como me advirtieron los peritos que contraté y ofrecí al municipio de Villa Allende como mi aporte personal, ya que el proyecto fue aprobado cuando la gestión anterior apagaba la luz de salida.
Sin mencionar a los render , esos engañapichanga como es la publicidad que ofrece en los videos los espejitos de colores de “la modernidad”. Esa extorsión de: “Atentan contra el progreso”, toda vez que oponemos intereses patrimoniales, públicos, cuando la verdadera modernidad es que los ciudadanos, los vecinos, sean respetados en sus derechos, que puedan acceder a información veraz y, sobre todo, no desconfíen de los empleados infieles, tal como me sucedió a mí.
El proyecto, con documentación insuficiente, se aprobó inmediatamente después de que, amparándome en el derecho a la información que me asiste como ciudadana, reclamé, como “tercera interesada”, todos los datos del proyecto. Una información escasa e insuficiente que me llena de sospechas. Y ya registra un hecho consumado: el aljibe fue destruido apenas reclamé que fuera incluido en el Registro de Sitios Arqueológicos.
Si el dinero suena más fuerte que el valor y el Estado mal puede garantizar el bien público por encima de los negocios, resta como advertencia paradójica alertar a los “inversores”, ya que el proyecto se realiza bajo la forma de un fondo fiduciario, para que observen bien si los proyectos en los que ponen su dinero cuentan con toda la normativa, respetan el medio ambiente y, sobre todo, cuentan con todas las garantías técnicas y legales.
Solicito esto para evitar la judicialización de los conflictos y para que, finalmente, la responsabilidad social sea el primer valor a demandar ante aquellos que se presentan como “desarrolladores”, para que efectivamente el progreso sea respetar las normas y a la ciudadanía.
*Senadora nacional (Frente Cívico).

Fuente: La Voz de Córdoba, 18/01