Déficit habitacional creciente, expansión de las villas de emergencia sin la intervención del Estado en su urbanización y la reducción a menos de la mitad del presupuesto destinado a edificaciones, son algunos de los datos que se desprenden del informe difundido por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) porteño, que advierte además sobre los incumplimientos de las políticas públicas por parte del Gobierno de Mauricio Macri.

El documento, denominado “Derecho a una vivienda digna” presentado ayer en la sede del Centro Educativo Nº 1 Isauro Arancibia de esta Capital, advierte sobre el “aumento del déficit habitacional con criterios de progresividad” que lejos de resolverse se ha visto incrementado “de modo exponencial” pese a que “la población se mantiene estable desde hace cuarenta de años”. También da cuenta de la consolidación y expansión de las villas y asentamientos “sin que el Estado intervenga en su urbanización” pese a que el propio Gobierno “reconoce que en los últimos 4 años la población villera pasó de 163 mil a 275 mil personas”.

En ese dirección, sostiene que “no se ha urbanizado ni una sola” de estas poblaciones de emergencia y pese al surgimiento de “nuevos asentamientos precarios” el Estado sigue omitiendo atender a los “sectores de pobreza crítica que allí habitan”. Indica además que el IVC “no construye viviendas sociales nuevas, priorizando el otorgamiento de créditos limitados a sectores medios a través del Banco Ciudad”, al punto que a la fecha sólo se ha registrado la firma de “900 escrituras para el programa “Primera casa” y 70 para “Mi casa BA” y para acceder a ellos “se debe poseer ingresos fijos y en blanco y pagar el 20 % del valor del inmueble por adelantado” y describe como “recurrentes los mecanismos de expulsión de los sectores populares, mediante agresión física, represión, topadoras y fuego” sin “soluciones sobre su destino” como se pudo comprobar “en el desalojo violento del barrio Papa Francisco”.

A lo largo de sus 75 páginas el documento da cuenta del aumento de individuos en situación de calle, sobre la falta de subsidios habitacionales para acceder al “alquiler de una vivienda digna”, fija en 140 mil a las personas que “habitan en hoteles y pensiones, donde carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, ante la desidia del Estado porteño” y denuncia al presupuesto 2014 destinado a viviendas como al “más regresivo de los últimos 9 años”, pasando del 5 por ciento en 2007al 2,1 por ciento para el corriente año.

Al final de la presentación y durante su exposición, la jueza Elena Liberatori sostuvo que el Gobierno de la Ciudad “incumple con las sentencias que dictó en materia de urbanización” y a modo de broma dijo que eso sucede “porque no me apellido Griesa” e instó a los legisladores porteños a que en el presupuesto 2015 peleen “por una partida para la urbanización de la Villa 20” de Lugano.

Un rato antes, el ex constituyente Eduardo Jozami había historiado sobre las políticas de urbanización de las poblaciones villeras y advertió que “la situación en materia de políticas de viviendas en la Ciudad tiene un presente dramático”.

Fuente: BAE, BS. AS.