La decisión política de urbanizar las villas 31 y 31 bis, plasmada en una ley aprobada por unanimidad por todos los bloques en 2009, sigue en pie. Representantes de los gobiernos nacional y porteño, legisladores locales, diputados nacionales, técnicos de la UBA, la Defensoría del pueblo de la ciudad y pobladores de los asentamientos dejaron constituida formalmente la mesa de trabajo multidisciplinaria y participativa que, a más tardar dentro de un año, deberá alumbrar una propuesta definitiva de consolidación de las villas de Retiro.

Como base, cuenta con un anteproyecto desarrollado por el arquitecto Javier Fernández Castro, de la Facultad de Arquitectura de la UBA, en consenso con los habitantes de la villa, que podrá ser respetado o modificado por las autoridades.

Esta iniciativa prevé, entre otras cosas, que todas las casas posean agua corriente, cloacas, electricidad y gas. Considera la instalación del “equipamiento social” -una escuela secundaria, un centro de producción de empleo y renta (una especie de gran mercado popular), un gimnasio, la radio del barrio- y la demarcación de un gran parque público y de una “avenida del borde”, que separará el barrio de las vías del tren.

De todos modos, durante la reunión realizada en la Legislatura porteña y que estuvo coordinado por la legisladora Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica, presidenta de la Comisión de Vivienda), quedó en claro que el primer e indispensable paso para poder avanzar con la urbanización reside en que el Estado nacional efectúe la regularización dominial de las tierras fiscales comprometidas, y les entregue la propiedad a los habitantes de la villa.

Fue el diputado nacional por el Frente para la Victoria Mariano West el responsable de transmitir la posición del oficialismo nacional, ante la ausencia de funcionarios de primera línea de Cristina Kirchner, que no asistieron al encuentro, excepto Guillermo Marciani, coordinador de área de infraestructura y equipamiento de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“Hay que poner todo para trabajar para la regularización dominial definitiva. No hay mejor integración que el título de propiedad”, sentenció West, miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, al hacer alusión a la buena voluntad del gobierno nacional.

Silvina Penela, del área de Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, admitió que tenía “más dudas que certezas” sobre este proceso de debate preparativo de la urbanización y exhortó a que “la voluntad política perdure en el tiempo y culmine con la integración efectiva” de los vecinos de la villa mediante la radicación.

El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, sostuvo que “el Poder Ejecutivo local va a tener la más amplia disposición para avanzar en algo que es justo y va a marcar un antes y un después”. Y agregó que, mientras se discute el plan integral de urbanización, el ministerio “seguirá dando inclusión y dignidad con acciones a cortísimo plazo que los vecinos necesitan”.

Una decena de habitantes de los asentamientos celebró la constitución de la mesa de trabajo y reclamó tener “voz y voto” en el diseño del proyecto de urbanización.

Fuente: La Nación, 30/03