En medio de la polémica legal que envuelve a las actuales concesiones que ya fueron prorrogadas en tres ocasiones, el Gobierno salió al ruedo con un nuevo intento de reprivatización de las rutas nacionales con peaje.

Pese a los magros resultados que obtuvo en la convocatoria anterior, el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido decidió insistir con las mismas reglas de juego que se había utilizado en la primera licitación de los corredores viales.

Ahora los que están en juego son 7 corredores que concentran casi 7.500 kilómetros de las rutas más transitadas del país. Son los que no tuvieron ofertas admisibles en el primer llamado y que se vuelven a ofrecer a las constructoras privadas. El único corredor vial que ya tiene definido al futuro operador es el número 4 que abarca distintos tramos de las rutas nacionales 18, 19, 34 y 38. Se trata del consorcio conformado por Corsan-Corvian (del grupo español Isolux) y la constructora local CCI que presentó la única oferta admisible en la anterior licitación.

Para el nuevo proceso licitatorio, el Gobierno se basó en las concesiones viales del menemismo que incluyeron el cobro de peajes y la asignación de todas las tareas y obras a los concesionarios. La única diferencia con la privatización de los 90 es que antes todos los recursos salían de los peajes, en cambio ahora las obras estructurales y de fondo serán pagadas por el Estado.

Si se cumplen los plazos previstos, las empresas interesadas deberán presentar sus antecedentes económicos y técnicos el próximo 20 de enero.

Para esta licitación, el Gobierno buscará atraer a las constructoras que han tenido en los últimos años un intenso protagonismo en las obras públicas. En la lista aparecen Iecsa, Esuco, Chediak, JCR, Eurnekián, Petersen (Eskenazi), Cartellone, Roggio y Vialco, de la cordobesa Electroingeniería.

A ellas se sumaría Constructora del Plata, la reciente adquisición de Cristóbal López, el empresario patagónico que tiene llegada directa a Néstor Kirchner.

Fuente: Clarín, 10/12