Fuentes del Ministerio de Obras Públicas y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, días después de la cumbre que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el sector y parte de su Gabinete anunciaon que «el plan se amplió de $10.000 millones a $15.000 millones.

En lo que se refiere a las obras privadas y la fabricación de insumos para la construcción, quedó en manos de los gobernadores que en algunos casos ya presentaron propuestas, y serán evaluadas por el comité de expertos en salud. Es un hecho que en estos segmentos se aplicará la llamada «territorialidad», es decir que la actividad se normalizará en las zonas más seguras de Argentina.

El programa orientado al GBA había sido adelantado por los intendentes Fernando Moreira (San Martín), Lucas Ghi (Morón) y Alberto Descalzo (Ituzaingó). Todos coincidieron en que la coyuntura devastadora sobre la actividad tiene nexo directo con la decisión gubernamental de financiar los proyectos ya desde el lunes 20, en lo que se evidencia como una «apertura» leve del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Más allá de la colaboración en planes relacionados con la salud pública, los más de veinte municipios del primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires presentaron proyectos de temáticas diversas, como arreglo de veredas, cuidado de plazas y espacios públicos, pequeñas obras de conexión de agua y cloacas, cordón cuneta, trabajos de pintura en escuelas y terminación de hospitales, entre otros planes de acción.

«Habrá una convocatoria a licitaciones públicas, y vamos a necesitar tanto de los trabajadores municipales como de las cooperativas y las empresas que se presenten para ejecutar las obras».

Uno de los principales pedidos del Gobierno a los intendentes es que se priorice la labor de las pequeñas y medianas empresas locales, junto con los corralones y el «ecosistema» de proveedores radicados en el conurbano.