Más de 70 mil metros cuadrados de cotizadas tierras frente al río Paraná serán “liberados” en Rosario en la zona de los clubes náuticos, lo que ya está generando fuertes especulaciones inmobiliarias. La medida se enmarca en la reciente reforma del Código Civil y Comercial, que reducirá el camino de sirga (el espacio de tierra que debe quedar para uso público a orillas del río) de 35 a 15 metros.

Directivos de clubes náuticos (hay 31 en la ciudad) reconocieron que comenzaron a estudiar el cambio normativo para la regularización de permisos precarios. Y durante la celebración del 68º aniversario de la delegación rosarina de la Cámara de la Construcción, algunos desarrolladores admitieron que ya dialogan con entidades ribereñas para analizar potenciales negocios inmobiliarios, en principio, relacionados al mundo náutico. No obstante, no descartaron otros más ambiciosos y todos miran hacia Puerto Norte.

Fuentes del mercado inmobiliario estimaron en unos mil millones de pesos sólo el potencial beneficio patrimonial a partir de que entre en vigencia, desde el 1º de enero de 2016, el nuevo Código Civil. Incluso, esa fecha podría adelantarse si la Cámara de Diputados avala la media sanción del Senado nacional que anticipó la entrada en vigencia de las nuevas normas para el 1º de agosto de 2015, propuesta por el kirchnerismo.

En tanto, referentes de las entidades inmobiliarias señalaron que a comienzos del año próximo realizarán un análisis más exhaustivo de las valuaciones de algunas de esas tierras.

Todos los actores públicos y privados consultados coincidieron en que desde el día siguiente de la aprobación del nuevo Código, en octubre pasado, se revalorizaron cientos de kilómetros cuadrados a la vera de las cuencas hídricas de la provincia y en todo el país.

En la última década gran parte de los desarrollos inmobiliarios, como ocurrió en otras partes del mundo, estuvieron relacionados con la proliferación de asentamientos junto a arroyos y ríos, incluso inundables, producto del redescubrimiento de “valor paisajístico” y la especulación urbanística al borde de las cuencas hídricas. Puerto Madero, los humedales del delta del Tigre y los barrios alrededor de los lagos de la Patagonia, son los casos más emblemáticos en Argentina.

Rosario no se quedó atrás. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está relevando el impacto económico de esta transformación en la ciudad, a la que la entidad financiera regional pone como “ejemplo positivo” en Latinoamérica de reconversión urbanística del frente costero y que puede ser, entienden en el Ejecutivo, un paso más para lograr el financiamiento que busca para la “revitalización del Saladillo”.

Sin embargo, desde las organizaciones sociales, ambientalistas, navegantes y nadadores conscientes de la degradación que sufre el Paraná expresaron su preocupación, después de sancionado el nuevo Código, ante la falta de normativas locales —ambientales y urbanísticas— para esa franja de 20 metros “liberados”. Sobre todo, pensando en su posible impacto en todo el ecosistema si no se establecen límites a la impermeabilización de los cursos de agua. Entre ellos figuran referentes que rubricaron con la intendenta Mónica Fein el Pacto Ambiental.

En análisis. La subsecretaria Legal y Técnica municipal, Carmen Donadío, reconoció que aquellos que son propietarios podrían pedir recuperar esas tierras para uso privado, mientras que para los que no son dueños “se verá caso por caso”.

Respecto a la posibilidad de edificar en esa franja costera de 20 metros, la funcionaria consideró que depende de decisiones políticas relacionadas con el planeamiento urbano.

El secretario del área, Pablo Barese, reconoció que recién comienzan a evaluar el impacto que podría tener en la ciudad la modificación del Código y no descartó impulsar normativas para delimitar el uso de esas tierras.

“Es un claro proceso de recuperación de plusvalía urbana”, evaluó la conductora del Ente de Coordinación Metropolitana, Mirta Levin, quien posó la lupa en este cambio normativo y el impacto que podría tener en la región.

El nuevo Código “libera” miles de kilómetros cuadrados a lo largo y ancho del país, pero acrecienta la restricción quehabrá para el acceso público, que dejaría de serlo dentro de un año, salvo que las normas urbanísticas locales y la legislación provincial actúen sobre el tema.

ONGs y profesionales preocupados por la sustentabilidad destacan la importancia de tener en cuenta los factores “antropogénicos” antes de habilitar nuevas obras. Esto es, aquellos efectos y procesos causados por la actividad humana, vinculándolos directamente con los modelos de desarrollo y las dinámicas políticas y económicas.

Los antecedentes de algunas instituciones radicadas en la ribera y emprendimientos privados suelen estar peleados con los cuidados del medio ambiente y el respeto a las normas. Incluso, 2 de los 31 clubes náuticos fueron denunciados penalmente por incumplimiento y otros fueron sancionados en su momento con multas.

Si bien falta un año para la entrada en vigencia de la norma, algunos ya están empezando a pensar en los posibles “negocios”, al tiempo que otros piden que se establezcan parámetros para que no se legisle después de los hechos consumados.

Fuente: Rosario Net