La postergación de la obra pública es un problema del Estado en sus distintos niveles, por lo que la prioridad deben ser las necesidades de la gente y no los megaproyectos irrealizables.

Hay una característica común de la gestión del Estado en sus distintos niveles: la demora en la obra pública. Sea un emprendimiento financiado y construido por la Nación, las provincias o los municipios, el tiempo parece eternizarse en la concreción del proyecto.

Mendoza, por caso, dio cuenta recientemente de la demora en realizar obras que estaban prometidas desde hace 40 años y cuya construcción demandaría unos 45.800 millones de pesos. Salta y Jujuy tienen reclamos similares, en especial de viviendas y de la infraestructura que permitiría una mayor conectividad con países vecinos.

Córdoba se suma a esa lista de postergaciones en obras viales, gasoductos troncales y otros anuncios para distintas regiones, y también en la provisión de agua potable para los principales núcleos urbanos.

El programa de gasoductos troncales –con financiamiento aprobado por el Banco Nacional de Desarrollo Social (Bndes) de Brasil– se agrega a esa nómina. Pese a que su realización mejoraría la calidad de vida a más de 400 mil cordobeses, a mil industrias y a cientos de comercios esparcidos por la geografía cordobesa, el desembolso permanece trabado por el Gobierno nacional.

Sobre la matriz de ese proyecto, el Gobierno provincial anunció la realización de varias derivaciones, también demoradas. El radicalismo, a través del legislador Rodrigo de Loredo, hizo un relevamiento que muestra que los gasoductos se hicieron, aunque se debe concluir la construcción de los ramales de alimentación a las poblaciones y de casi todas las plantas reductoras.

Esto es visible en los proyectos conocidos como gasoductos Sierras Chicas y Traslasierra, en tanto que en el identificado como de la ruta 7 aún no se construyeron los 272 kilómetros del trazado original ni las obras complementarias.

Hay mayores avances en los gasoductos ruta 8 y manisero. Las autoridades provinciales prometieron el desembolso de fondos y la agilización de trámites burocráticos para la conclusión de los diversos trabajos.

A las demoras en la obra pública provincial, no le va en zaga la mora de las construcciones en los municipios cordobeses y cuya realización es la promesa incumplida de varias gestiones.

Incomprensibles peleas políticas, excesiva burocracia y sospechas de corrupción paralizaron la ejecución de proyectos claves para mejorar la vida de las familias y de la economía regional.

En esta enumeración, no podía faltar la mención del megaproyecto anunciado por la administración de Cristina Fernández para la edificación de un polo audiovisual en la isla Demarchi, en la ciudad de Buenos Aires, donde se prevé construir el edificio más alto de Latinoamérica, con una erogación superior a 2.500 millones de pesos.

Esto cuando, por ejemplo, la ruta nacional 19, que une Córdoba con San Francisco, aguarda desde hace años que se liberen las partidas del presupuesto nacional incluidas en el cálculo de gastos y recursos desde hace años.

Fuente: La Voz de Córdoba