Los inquilinos se dicen cansados de pagar sumas demasiado elevadas por una vivienda precaria dentro de la villa, que en muchos casos ni siquiera cuenta con baño propio. Del otro lado, están los dueños de esos complejos habitacionales, que a través de los años lograron montar un negocio que mensualmente les otorga un cómodo rédito. Pero esa puja no se agota allí: existe un tercer factor conformado por aquellos que, con hipotecas de hasta 30 años, ya accedieron a un plan de viviendas sociales y que están dispuestos a defender el valor de su propiedad de la forma que sea necesaria.
Todos ellos son los protagonistas del conflicto inmobiliario que dejaron al descubierto las ocupaciones ilegales de predios públicos y privados, ocurridas en distintos puntos de la Capital y del conurbano en las últimas semanas.
En diferentes recorridas por las tierras tomadas, se pudo recabar información sobre las cifras que se manejan alrededor de un entramado que derivó, por momentos, en una verdadera batalla habitacional.
Los elevados alquileres que se pagan por cuartos dentro de villas fueron el denominador común de las razones esgrimidas por los usurpadores. Los precios varían según el barrio, la zona y las comodidades de que disponga la habitación.
Por ejemplo, en la villa 21 de Barracas, un cuarto de 16 m² ronda los $ 500, mientras que uno de 32 m², los $ 700. En la villa 20 de Lugano, dos habitaciones, una de 6 m² y otra de 20 m², con baño compartido por dos familias, se pagan $ 700 por mes. En Villa Celina, partido de La Matanza, es un poco más barato: un cuarto con baño compartido con otras tres familias cuesta cerca de $ 400, mientras que una de 16 m² con baño propio supera los $ 500. En la villa 31, en Retiro, el precio de una habitación llega a los $ 1200.
Valeria Juárez, auxiliar de portería, fue parte de la toma del parque Indoamericano por una simple razón: quiere dejar de pagar un alquiler de $ 700 pesos por una habitación con baño privado en la villa 20. Según explicó, el complejo habitacional donde vive con sus tres hijos cuenta con diez inquilinos más y un solo dueño. Una vecina suya de manzana, de origen paraguayo, que prefirió resguardar su identidad, señaló que el complejo que habita -que tiene cuatro pisos, 30 inquilinos y un solo dueño- funciona como cualquier otro edificio de la Capital: tiene reuniones de consorcio y un horario nocturno en el que se prohíben los ruidos molestos.

Fuertes ganancias

El cálculo para precisar cuánto ganan los dueños de esos complejos es sencillo: con un promedio de $ 600 por inquilino, las ganancias pueden ser cercanas a los $ 20.000 mensuales en un edificio con 30 inquilinos.
Cualquiera podría pensar que es un buen negocio. Y tal vez eso dé un firme basamento a las denuncias, entre ellas la de la fundadora y administradora del comedor comunitario Los Piletones, Margarita Barrientos, de que muchos de los que ocuparon ilegalmente los predios ya contaban con vivienda propia y sólo buscaban hacer negocios.
Durante la toma del último martes en un terreno privado en Barracas, una mujer santiagueña que vive desde hace más de 20 años en la villa 21 -donde con el esfuerzo de su trabajo pudo comprar una casita- cuánto dinero se necesita para acceder a una vivienda allí.
El mínimo, según dijo, es de 8000 pesos; por ese monto se consiguen dos habitaciones chicas con baño y cocina compartida. De contar con cocina propia, la suma puede alcanzar los $ 10.000. Si se piensa en una vivienda con baño privado y más metros cuadrados, la cifra se acerca a $ 20.000, e incluso puede llegar hasta $ 40.000 en algunos casos.

Fuera de la villa

Fuera de la villa, los precios cambian radicalmente. Incluso para aquellos que, tras años de espera, consiguieron acceder a un plan de viviendas sociales con hipotecas a pagar a 30 años, un beneficio al que, según quedó demostrado con la sucesión de tomas que se dio en la Capital y el conurbano, accede una minoría de quienes que lo necesitan.
Un número considerable de vecinos de Villa Lugano que son parte de ese grupo no estuvieron ajenos al conflicto en el parque Indoamericano. Es más: con el temor de que el parque se transformara en una villa y de que los ocupantes tomaran uno de los edificios situados sobre la calle Castañares y Escalada, que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) aún no entregó, se enfrentaron en una batalla mano a mano con los usurpadores.
“Compré un edificio a pagar a 30 años y, si me ponen una villa adelante, me tendría que ir, porque de un momento a otro pierde su valor”, dijo Jorge Vargas, un vecino de esos edificios que fueron entregados a sus dueños a principios de este año.
Vargas, de 32 años, que vive con su esposa y sus dos hijas, estudia educación física y trabaja como maestro auxiliar en una escuela. “Yo viví en La Matanza hasta que mi madre pudo comprar una casita en Mataderos. Esperé siete años para acceder al plan de viviendas; si ahora tenemos nuestra casa, es porque un montón de tiempo dimos vueltas hasta que nos dieron esto”, agregó.
Vargas explicó que un departamento de dos ambientes en esos edificios cuesta $ 220.000, y uno de tres ambientes $ 250.000, ambos a pagar durante 30 años. Por mes, al principio se paga una cuota de $ 600, que después sube a $ 700, y que en los últimos años llega a los $ 1200.
Un plan similar a ése era el que exigía Fernando Brescia, que maneja un taxi en la Capital, cuando tomó una parcela del predio perteneciente al frigorífico Finexcor, en Bernal Oeste, junto a su mujer y sus tres hijos. Según relató, hace cinco años que alquila una casita por 1000 pesos -sumados los servicios-, en el barrio Santa María, que cuenta con un dormitorio, una sala, cocina, comedor y patio.
“En un año, pago 12.000 pesos. En estos cinco, ya pagué entre 50.000 y 60.000 pesos, algo que me alcanzaría para acceder a una vivienda. No queremos que nos regalen nada, pero sí dejar de pagar un alquiler con el que podríamos comprar nuestra casa”, dijo.

Fuente: La Nación, 20/12

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