El plan de obras públicas que la administración kirchnerista muestra como uno de sus principales logros en materia económica arrastra desde 2003 un significativo incumplimiento de las normas técnicas y presupuestarias vigentes. El 82% de los proyectos de inversión pública que se incluyeron en la ley de Presupuesto de este año carecieron de las aprobaciones y los dictámenes técnicos que según las normas debían ser aprobados por las autoridades del Ministerio de Economía.

Si se tiene en cuenta que los proyectos de obras públicas previstos para 2009 totalizan $ 11.761 millones, el monto de las inversiones que el gobierno habría ejecutado en forma irregular durante este año asciende a algo más de $ 9.600 millones.

La mayor parte de esos recursos estatales -que registran un manejo arbitrario y sin los controles adecuados- se movilizan por las ventanillas del ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido.

Desde el Congreso, el diputado de la oposición Juan Carlos Morán (Coalición Cívica-Buenos Aires) denunció que “desde hace seis años el gobierno kirchnerista viene violando sistemáticamente la ley 23.354 que regula el funcionamiento del sistema nacional de inversiones públicas”. La ley establece la obligación anual de elaborar el “plan nacional de inversiones públicas” y presentarlo al Congreso en forma previa a la inclusión de las obras en el Presupuesto.

Según una investigación que realizó Morán, el Gobierno y fundamentalmente la cartera de Planificación no cumplen con las disposiciones legales en materia de evaluación y selección de los proyectos de inversión pública que superan los $ 11.000 millones.

La denuncia se enmarca en la embestida opositora contra los casos de corrupción, que fue lanzada desde el Congreso.
Desde 2003, el Poder Ejecutivo no presenta al Congreso los informes del Sistema Nacional de Inversiones Públicas que deben consignar la lista de los proyectos a ejecutar, los montos a invertir y los dictámenes de calificación técnica del Ministerio de Economía.

Según las normas vigentes, la formulación y el seguimiento del plan de obras públicas está a cargo de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) que funciona en el ámbito de la Secretaría de Política Económica del Palacio de Hacienda. Todos las áreas y organismos estatales que ejecuten obras públicas superiores a los $ 11 millones deben presentar antes del 15 de junio los proyectos que van concretar al año siguiente con recursos presupuestarios.

Entre la documentación a remitir se encuentran los estudios de factibilidad y los análisis de impacto ambiental de cada emprendimiento. Las áreas que impulsan las obras tienen que justificar “todos los costos y beneficios” y contar con la opinión favorable de los gobiernos provinciales donde se desarrollarán los trabajos.

Con la información recibida, la DNIP y Economía tienen que emitir un dictamen con la calificación técnica de cada proyecto. En teoría, sólo los proyectos que reciben la aprobación de las autoridades económicas pueden ser incluidos en el Presupuesto para su posterior ejecución. Sin embargo, los datos que relevó Morán muestran que la mayoría de las obras que fueron incluidas en los últimos presupuestos nacionales no contaron con los dictámenes técnicos legales.

En 2005, el 74% de los proyectos de obras públicas que figuraron en el Presupuesto no estuvieron respaldados legalmente. En 2006, el porcentaje de obras en situación irregular fue del 66%.

Un año después el nivel de incumplimiento saltó al 86% de los proyectos incluidos en el Presupuesto. En 2008, la anormalidad alcanzó al 75% de las obras presupuestadas. Y este año el porcentaje de los proyectos de inversión sin dictámenes oficiales previos ascendió al 82%.

El diputado Morán también destacó otra anormalidad. “Con posterioridad a la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno no dejó de introducir modificaciones en casi todos los programas de inversión pública, con lo cual se vieron desvirtuados los objetivos y los destinos de fondos que votaron los legisladores”, advirtió el legislador.

“De esta manera la combinación del incumplimiento de las normas de evaluación y selección de los proyectos, la no incorporación en el Presupuesto y las posteriores alteraciones de las partidas dan como resultado una clara falta de transparencia en la utilización de los recursos públicos”, concluyó Morán.

Fuente:  Clarín, 7/12